El Derecho a la Verdad

Fotografía de la Colección Yuyanapaq

Publicado en el "Diario del Cusco" (Página 6 - Opinión), el 31 de enero del 2012.

Por: Javier André Murillo Chávez
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Yo nací en una época donde el terrorismo aún se encontraba en las calles y los traumas se encontraban en el corazón de la gente, incluida toda mi familia. Tuve la suerte de no tener conciencia en esos años para vivir, o más bien dicho sufrir, todo lo que hicieron en aquellas épocas los miembros de ese demonio llamado “Sendero Luminoso”; sin embargo, escuché, leí y aprendí por mis padres, abuelos y, finalmente, por mi Universidad lo que significó aquella época.

Tengo a mi costado, mientras escribo estas líneas, mi libro “Hatun Willakuy”, la versión abreviada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que he revisado para distintos artículos y trabajos; así como para ejercer mi Derecho a la Verdad. ¿Qué es esto? Dejemos que nuestro Tribunal Constitucional aclare esta duda:

“(…) el Derecho a la Verdad, en su dimensión colectiva, es una concretización directa de los principios del Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno, pues mediante su ejercicio se posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza pública o por la acción de grupos criminales del terror. Tenemos una exigencia común de que se conozca cómo se actuó, pero también de que los actos criminales que se realizaron no queden impunes. Si el Estado democrático y social de derecho se caracteriza por la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es claro que la violación del Derecho a la Verdad no sólo es cuestión que afecta a las víctimas y a sus familiares, sino a todo el pueblo peruano. Tenemos, en efecto, el derecho a saber, pero también el deber de conocer qué es lo que sucedió en nuestro país, a fin de enmendar el camino y fortalecer las condiciones mínimas y necesarias que requiere una sociedad auténticamente democrática, presupuesto de un efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Tras de esas demandas de acceso e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, desde luego, no sólo están las demandas de justicia con las víctimas y familiares, sino también la exigencia al Estado y la sociedad civil para que adopten medidas necesarias a fin de evitar que en el futuro se repitan tales hechos” (Fundamento 17 de la STC EXP. N.°  2488-2002-HC/TC).

Así, este es un derecho, pero sobre todo un deber. Un deber que tiene todo peruano de enterarse de su pasado y el de su país; deber mucho más fuerte para aquellas personas que osen hablar del tema y emitir una opinión al respecto. Es por esto, que es indignante el surgimiento de grupos que profesen o, simplemente, apoyen las bases e ideologías del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, dígase Movadef y cualquier otro análogo que pueda surgir. Estos grupos no deben ser calificados sólo como un desfase histórico en la evolución social de nuestro país y su gente; sino que debe ser denominado como lo que es en realidad: la materialización pura de la ignorancia en la que vive la población joven del Perú.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en mi opinión crítica, tiene errores propios de la limitación que su propia misión traía consigo. Un ejemplo es la denominación incorrecta de “grupos subversivos” a grupos terroristas organizados que vociferaban luchar contra el gobierno a nombre del pueblo, pero que, en realidad, terminaron masacrando al pueblo por el que decían pelear de las maneras más crueles que uno pueda imaginar. De esta manera, por más críticas que se le pueden hacer a la Comisión de la Verdad y Reconciliación – sólo siempre y cuando estén fundamentadas-; no se puede negar el importante valor que tiene este informe al ser un documento de referencia histórica, investigada durante mucho tiempo y con mucha cautela, sobre lo que pasó en aquellos días del terror colectivo.

Como lo dije al inicio y recalco, si bien no viví aquella época aprendí por mi entorno (familia y estudios superiores) lo que significó ese aspecto tan tenebroso e infeliz de la historia de nuestra patria. Recuerdo, sólo a modo de ejemplo, las historias narradas por mi abuelo Víctor Manuel acerca de la violencia que se vivió en la ciudad del Cusco, de donde provengo: como en la época más violenta del terrorismo, cuando mi querida madre se encontraba estudiando en el Colegio María Auxiliadora que quedaba a cuadras de la plaza de armas del Cusco, él tuvo que vivir la trágica experiencia de llevar a mi mamá corriendo, cargada en brazos, en medio de un tumulto y caos con explosiones que se llevaban a cabo en plena plaza principal de la ciudad; de igual manera, cuando lo secuestraron por unas cuantas horas en su propio carro llevándolo a las afueras de la ciudad encañonado y esposado, para luego robarle y abandonarlo; así como cuando a pocas aulas de la suya cuando ejercía de profesor en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, mataron a un colega suyo en la Facultad de Ingeniería.

Así, aunque en Cusco se producían menos actos de terrorismo que en otras zonas de la sierra como Ayacucho, siempre existía el peligro de encontrar coches-bomba en cada esquina, grescas en cada calle; se vivía con miedo por los perros muertos colgados en cada poste, las pintas y banderas rojas alabando al “presidente gonzalo” o  venerando al “PCP-SL”. Fueron tiempos difíciles que muchos de mi generación nacidos al final de esta época de conflicto o posteriormente desconocemos.

Debemos recordar que en aquella época ocurrieron diversos atentados masivos en la sierra de nuestro país como el perpetrado en Lucanamarca –Ayacucho- donde se eliminó a 69 personas incluyendo mujeres y niños. Sin embargo, al Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso no le basto, actos como ese fueron el inicio. Así, Sendero Luminoso empieza a efectuar los diversos atentados en Lima, la capital, siendo el más fuerte el ocurrido en la calle Tarata en el distrito de Miraflores, donde hubo más de 20 muertos y más de 100 heridos; en nuestro país centralizado, tuvo que ocurrir esto para que se comience la búsqueda y ataques selectivos a este grupo terrorista.

Otro aspecto importante de la historia es que si bien el principal responsable de todo el conflicto es el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, debemos recordar que no sólo hubo actos de violencia desmedida por parte de los terroristas, sino que también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cometieron actos que pueden ser denominados como “violaciones a los Derechos Humanos” (violaciones sexuales, masacres de sospechosos, tortura, etc.); sin embargo, cabe también analizar, aunque no sea justificante, la precaria situación en la que tenían que enfrentarse estos hombres a terroristas confundidos entre la población, sin contar con una preparación mínima para controlar una situación de tal magnitud.

De igual manera, no debemos olvidar que hubo tres gobiernos (Belaunde, García y Fujimori) en los cuales se cometieron más errores que aciertos en materia de gestión pública y táctica antiterrorista. Así como al gobierno del APRA le tocó vivir la peor parte del conflicto –sumado a su pésima gestión por la hiperinflación y la terrible política de estatización-, el corrupto gobierno del dictador Fujimori fue el que cometió más abusos con la táctica de combate selectivo –teniendo como ejemplos la matanza de La Cantuta y Barrios Altos- (los cuales conocí leyendo el libro “Muerte en el pentagonito” de Ricardo Uceda) cobrando la vida de muchos inocentes.

Todos estos datos quedan en la memoria de los “viejos”, el poco interés de parte de los jóvenes en nuestra historia es predominante; esto me hace pensar que las generaciones siguientes, en su totalidad, simplemente no sabrán nada de lo que pasó y los grupos como el Movadef seguirán apareciendo, tratando de entrar al ordenamiento legal encubiertos usando la ignorancia de los jóvenes, así como cuando Abimael Guzmán uso los centros educativos para reclutar a sus simpatizantes de entre los más jóvenes en los ochentas.

23,969 peruanos muertos o desaparecidos identificados, en base a testimonios, y 69,280 peruanos muertos o desaparecidos, estimados en base de cálculo sistemático, son las cifras que otorgó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; si se piensa bien –aunque sean datos con un margen de error- es un número inimaginable de muertes y, peor aún, desapariciones. Han sido muchísimos los atentados e, incluso, quedan historias que ya están en el olvido por la falta de evidencia. Los grupos como el Movadef surgirán de este olvido, ocultando su verdadero sentido y encubriéndose en formas legales. Debemos entender nuestro pasado para comprender nuestro presente y mejorar en el futuro. La desinformación y el olvido son la gran amenaza actualmente, sólo nos queda ejercer el Derecho a la Verdad para combatir ese repugnante episodio de la historia del Perú y lograr que nunca se repita.

Fotografía de la Colección Yuyanapaq