Fotografía de la Colección Yuyanapaq
Por: Javier André Murillo Chávez
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Yo nací en una época donde el
terrorismo aún se encontraba en las calles y los traumas se encontraban en el
corazón de la gente, incluida toda mi familia. Tuve la suerte de no tener
conciencia en esos años para vivir, o más bien dicho sufrir, todo lo que hicieron
en aquellas épocas los miembros de ese demonio llamado “Sendero Luminoso”; sin
embargo, escuché, leí y aprendí por mis padres, abuelos y, finalmente, por mi
Universidad lo que significó aquella época.
Tengo a mi costado, mientras
escribo estas líneas, mi libro “Hatun Willakuy”, la versión abreviada de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, que he revisado para distintos
artículos y trabajos; así como para ejercer mi Derecho a la Verdad. ¿Qué es
esto? Dejemos que nuestro Tribunal Constitucional aclare esta duda:
“(…) el Derecho a la Verdad, en
su dimensión colectiva, es una concretización directa de los principios del
Estado democrático y social de derecho y de la forma republicana de gobierno,
pues mediante su ejercicio se posibilita que todos conozcamos los niveles de
degeneración a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la
fuerza pública o por la acción de grupos criminales del terror. Tenemos una
exigencia común de que se conozca cómo se actuó, pero también de que los actos
criminales que se realizaron no queden impunes. Si el Estado democrático y
social de derecho se caracteriza por la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad, es claro que la violación del Derecho a la Verdad no
sólo es cuestión que afecta a las víctimas y a sus familiares, sino a todo el
pueblo peruano. Tenemos, en efecto, el derecho a saber, pero también el deber
de conocer qué es lo que sucedió en nuestro país, a fin de enmendar el camino y
fortalecer las condiciones mínimas y necesarias que requiere una sociedad
auténticamente democrática, presupuesto de un efectivo ejercicio de los
derechos fundamentales. Tras de esas demandas de acceso e investigación sobre
las violaciones a los derechos humanos, desde luego, no sólo están las demandas
de justicia con las víctimas y familiares, sino también la exigencia al Estado
y la sociedad civil para que adopten medidas necesarias a fin de evitar que en
el futuro se repitan tales hechos” (Fundamento 17 de la STC EXP. N.° 2488-2002-HC/TC).
Así, este es un derecho, pero
sobre todo un deber. Un deber que tiene todo peruano de enterarse de su pasado
y el de su país; deber mucho más fuerte para aquellas personas que osen hablar
del tema y emitir una opinión al respecto. Es por esto, que es indignante el
surgimiento de grupos que profesen o, simplemente, apoyen las bases e
ideologías del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, dígase Movadef y
cualquier otro análogo que pueda surgir. Estos grupos no deben ser calificados sólo
como un desfase histórico en la evolución social de nuestro país y su gente;
sino que debe ser denominado como lo que es en realidad: la materialización
pura de la ignorancia en la que vive la población joven del Perú.
El Informe Final de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, en mi opinión crítica, tiene errores
propios de la limitación que su propia misión traía consigo. Un ejemplo es la
denominación incorrecta de “grupos subversivos” a grupos terroristas
organizados que vociferaban luchar contra el gobierno a nombre del pueblo, pero
que, en realidad, terminaron masacrando al pueblo por el que decían pelear de
las maneras más crueles que uno pueda imaginar. De esta manera, por más
críticas que se le pueden hacer a la Comisión de la Verdad y Reconciliación –
sólo siempre y cuando estén fundamentadas-; no se puede negar el importante
valor que tiene este informe al ser un documento de referencia histórica,
investigada durante mucho tiempo y con mucha cautela, sobre lo que pasó en
aquellos días del terror colectivo.
Como lo dije al inicio y
recalco, si bien no viví aquella época aprendí por mi entorno (familia y
estudios superiores) lo que significó ese aspecto tan tenebroso e infeliz de la
historia de nuestra patria. Recuerdo, sólo a modo de ejemplo, las historias
narradas por mi abuelo Víctor Manuel acerca de la violencia que se vivió en la
ciudad del Cusco, de donde provengo: como en la época más violenta del
terrorismo, cuando mi querida madre se encontraba estudiando en el Colegio
María Auxiliadora que quedaba a cuadras de la plaza de armas del Cusco, él tuvo
que vivir la trágica experiencia de llevar a mi mamá corriendo, cargada en
brazos, en medio de un tumulto y caos con explosiones que se llevaban a cabo en
plena plaza principal de la ciudad; de igual manera, cuando lo secuestraron por
unas cuantas horas en su propio carro llevándolo a las afueras de la ciudad
encañonado y esposado, para luego robarle y abandonarlo; así como cuando a
pocas aulas de la suya cuando ejercía de profesor en la Universidad San Antonio
Abad del Cusco, mataron a un colega suyo en la Facultad de Ingeniería.
Así, aunque en Cusco se
producían menos actos de terrorismo que en otras zonas de la sierra como
Ayacucho, siempre existía el peligro de encontrar coches-bomba en cada esquina,
grescas en cada calle; se vivía con miedo por los perros muertos colgados en
cada poste, las pintas y banderas rojas alabando al “presidente gonzalo” o venerando al “PCP-SL”. Fueron tiempos
difíciles que muchos de mi generación nacidos al final de esta época de
conflicto o posteriormente desconocemos.
Debemos recordar que en
aquella época ocurrieron diversos atentados masivos en la sierra de nuestro
país como el perpetrado en Lucanamarca –Ayacucho- donde se eliminó a 69 personas
incluyendo mujeres y niños. Sin embargo, al Partido Comunista del Perú –
Sendero Luminoso no le basto, actos como ese fueron el inicio. Así, Sendero
Luminoso empieza a efectuar los diversos atentados en Lima, la capital, siendo
el más fuerte el ocurrido en la calle Tarata en el distrito de Miraflores,
donde hubo más de 20 muertos y más de 100 heridos; en nuestro país
centralizado, tuvo que ocurrir esto para que se comience la búsqueda y ataques
selectivos a este grupo terrorista.
Otro aspecto importante de la
historia es que si bien el principal responsable de todo el conflicto es el
Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, debemos recordar que no sólo
hubo actos de violencia desmedida por parte de los terroristas, sino que
también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cometieron actos que pueden
ser denominados como “violaciones a los Derechos Humanos” (violaciones
sexuales, masacres de sospechosos, tortura, etc.); sin embargo, cabe también analizar,
aunque no sea justificante, la precaria situación en la que tenían que
enfrentarse estos hombres a terroristas confundidos entre la población, sin
contar con una preparación mínima para controlar una situación de tal magnitud.
De igual manera, no debemos
olvidar que hubo tres gobiernos (Belaunde, García y Fujimori) en los cuales se
cometieron más errores que aciertos en materia de gestión pública y táctica
antiterrorista. Así como al gobierno del APRA le tocó vivir la peor parte del
conflicto –sumado a su pésima gestión por la hiperinflación y la terrible
política de estatización-, el corrupto gobierno del dictador Fujimori fue el
que cometió más abusos con la táctica de combate selectivo –teniendo como
ejemplos la matanza de La Cantuta y Barrios Altos- (los cuales conocí leyendo
el libro “Muerte en el pentagonito” de Ricardo Uceda) cobrando la vida de
muchos inocentes.
Todos estos datos quedan en la
memoria de los “viejos”, el poco interés de parte de los jóvenes en nuestra
historia es predominante; esto me hace pensar que las generaciones siguientes,
en su totalidad, simplemente no sabrán nada de lo que pasó y los grupos como el
Movadef seguirán apareciendo, tratando de entrar al ordenamiento legal
encubiertos usando la ignorancia de los jóvenes, así como cuando Abimael Guzmán
uso los centros educativos para reclutar a sus simpatizantes de entre los más
jóvenes en los ochentas.
23,969 peruanos muertos o
desaparecidos identificados, en base a testimonios, y 69,280 peruanos muertos o
desaparecidos, estimados en base de cálculo sistemático, son las cifras que
otorgó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; si se
piensa bien –aunque sean datos con un margen de error- es un número
inimaginable de muertes y, peor aún, desapariciones. Han sido muchísimos los atentados
e, incluso, quedan historias que ya están en el olvido por la falta de
evidencia. Los grupos como el Movadef surgirán de este olvido, ocultando su
verdadero sentido y encubriéndose en formas legales. Debemos entender nuestro
pasado para comprender nuestro presente y mejorar en el futuro. La
desinformación y el olvido son la gran amenaza actualmente, sólo nos queda
ejercer el Derecho a la Verdad para combatir ese repugnante episodio de la
historia del Perú y lograr que nunca se repita.
Fotografía de la Colección Yuyanapaq
